Si bien es cierto que la Administraci\u00f3n ostenta una posici\u00f3n de superioridad respecto de los administrados, no lo es menos que \u00e9stos tienen toda una serie de derechos que pueden y deben de hacer valer frente a la misma. Se lo explicamos\u2026<\/p>\n
Relacionarse con la Administraci\u00f3n P\u00fablica, sobre todo cuando se trata de exigir derechos o de defender intereses propios, se parece muchas veces a una lucha entre David y Goliath en la que la Administraci\u00f3n aparece como un gigantesco Goliath inagotable y el ciudadano ha de adoptar el papel de heroico David para sobrevivir.<\/p>\n
Siendo cierto lo anterior, tampoco hay que desesperar ni darlo todo por perdido de antemano, porque las mismas leyes que otorgan privilegios a veces exagerados a la Administraci\u00f3n tambi\u00e9n protegen a los ciudadanos. Con ello no queremos decir que se llegue a un equilibrio en la relaci\u00f3n ciudadano-administraci\u00f3n p\u00fablica, pero s\u00ed que contamos con armas y mecanismos legales para no dejarnos avasallar y hacer valer nuestros derechos frente al “rodillo” administrativo.<\/p>\n
Estos mecanismos est\u00e1n recogidos de forma gen\u00e9rica en la Constituci\u00f3n y, de manera m\u00e1s concreta, en la ley que regula el procedimiento administrativo (Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo com\u00fan de las Administraciones p\u00fablicas) y, para simplificar, los podemos dividir en dos grandes grupos:<\/p>\n
Aqu\u00ed encontramos todo el sistema de RECURSOS ADMINISTRATIVOS<\/strong> (recursos de alzada, reposici\u00f3n, etc.) y JUDICIALES<\/strong> (recurso contencioso-administrativo) que permiten controlar la actividad de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, una vez producida la misma.<\/p>\n El principio fundamental es que las Administraciones p\u00fablicas han de someter su actuaci\u00f3n a la Ley y al Derecho<\/strong> (art\u00edculo 103 de la Constituci\u00f3n), de forma que se pueda garantizar el necesario equilibrio entre la eficacia de la actuaci\u00f3n administrativa (no olvidemos que la Administraci\u00f3n defiende “el bien com\u00fan”) y la salvaguarda de los derechos e intereses de la ciudadan\u00eda. La \u00fanica forma de conseguirlo es, por una parte, regular detalladamente el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO<\/strong>, que es la forma que tiene la Administraci\u00f3n de manifestar su voluntad (p.ej., para imponer una multa, dar una subvenci\u00f3n, prohibir una conducta, etc.) y, por otra, establecer un cuadro detallado de los DERECHOS<\/strong> que asisten a los ciudadanos cuando se relacionan con una Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n El procedimiento administrativo <\/strong>(tipos, fases, plazos, etc.) se regula extensamente a lo largo de la mencionada Ley 39\/2015.<\/p>\n Los concretos derechos<\/strong> que las personas tenemos al relacionarnos con la Administraci\u00f3n se recogen en el art\u00edculo 13 de dicha ley, y son:<\/p>\n Adem\u00e1s de estos derechos generales y b\u00e1sicos, la ley reconoce otros m\u00e1s espec\u00edficos, pero solamente aplicables a quienes tengan el car\u00e1cter de interesados<\/strong> en un procedimiento administrativo concreto.<\/p>\n Finalmente, no podemos terminar sin mencionar que, salvo en los casos de fuerza mayor, es posible exigir responsabilidad tanto a las Administraciones como al personal a su servicio<\/strong> cuando nos causen una lesi\u00f3n en cualquiera de nuestros bienes o derechos, siempre y cuando la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p\u00fablicos, para lo que es requisito indispensable que el da\u00f1o sea efectivo, evaluable econ\u00f3micamente e individualizado en una persona o grupo de personas concreto.<\/p>\n Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan tener al respecto.<\/p>\n2.- MECANISMOS DE CAR\u00c1CTER PROACTIVO (“A PRIORI”): <\/strong><\/h2>\n
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