Ayudas extraordinarias, protección laboral y limitación de precios en situaciones de emergencia tras el accidente ferroviario de Urda

El BOE de 4 de noviembre de 2026 publicó el Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre de 2026, y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Entró en vigor ese mismo día.

La norma establece un régimen extraordinario de ayudas económicas para las víctimas y sus familiares, introduce medidas de protección laboral y de Seguridad Social, y modifica la legislación de consumidores y usuarios para limitar los incrementos de precios en determinadas emergencias. Esta circular se centra en lo que puede afectar a las empresas, a las personas trabajadoras y a quienes tengan relación con las personas afectadas.

• Atención. Aunque su origen es un hecho concreto, algunas medidas tienen alcance general, como la limitación de precios en emergencias, y otras se aplican a accidentes anteriores, como los de Adamuz y Gelida. Conviene revisar qué partes le afectan.

Protección de las personas trabajadoras afectadas por las alteraciones ferroviarias

La disposición adicional tercera protege a las personas trabajadoras que, como consecuencia del accidente o de las alteraciones del servicio, no hayan podido acudir presencialmente a su puesto o iniciar puntualmente su prestación.

En esos casos, las empresas no pueden sancionar las ausencias o retrasos derivados de esas circunstancias, y las personas afectadas no pueden sufrir perjuicio alguno en su relación laboral. Las compañías ferroviarias deben facilitar justificantes acreditativos de las incidencias que hayan provocado las alteraciones del servicio.

• Atención. La empresa debe evitar descuentos, apercibimientos o valoraciones negativas por estas ausencias o retrasos. Conviene solicitar el justificante de la compañía ferroviaria y conservarlo.

Prestaciones de Seguridad Social asimiladas a accidente de trabajo

La disposición adicional cuarta establece un régimen excepcional para determinadas prestaciones de Seguridad Social causadas como consecuencia del accidente del 28 de octubre de 2026.

Incapacidad temporal. Los procesos iniciados antes del 30 de noviembre de 2026 como consecuencia del accidente se consideran excepcionalmente situación asimilada a accidente de trabajo, solo a efectos de la prestación económica de incapacidad temporal. Esto significa que no se exige período mínimo de cotización para acceder al subsidio. Los procesos deben identificarse con el código que determine el Ministerio de Sanidad en coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando los procesos deriven de un accidente de trabajo, se reconoce esa contingencia sin aplicar la exclusión del artículo 156.4.a) de la Ley General de la Seguridad Social.

Incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Las pensiones de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia, y la prestación económica por incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante sea consecuencia del accidente, se consideran excepcionalmente asimiladas a accidente de trabajo. La asimilación opera solo para calcular su cuantía y siempre que resulte más favorable a la persona beneficiaria. Las prestaciones que deriven de accidente de trabajo conservan esa consideración sin aplicar la exclusión del artículo 156.4.a).

Clases Pasivas. Las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de los padres del Régimen de Clases Pasivas del Estado se consideran excepcionalmente prestaciones extraordinarias cuando su hecho causante derive del accidente. Se aplica solo para calcular su cuantía y siempre que sea más favorable, conforme al artículo 49 de la Ley de Clases Pasivas.

Personas beneficiarias y aplicación. La protección alcanza a trabajadores por cuenta propia y ajena. Para la incapacidad temporal deben estar en alta en cualquier régimen de la Seguridad Social en la fecha del hecho causante. Para la incapacidad permanente y las prestaciones por muerte y supervivencia pueden estar en alta o en situación asimilada. La medida se aplica de oficio, sin solicitud, y con efectos retroactivos desde la fecha de efectos del subsidio o de la pensión, incluso si el derecho se hubiera extinguido o la pensión ya estuviera reconocida al entrar en vigor la norma.

• Atención. Si alguna persona de su plantilla ha iniciado una baja como consecuencia del accidente, conviene comunicar la circunstancia por los cauces que se establezcan. La empresa debe estar atenta al código de identificación de los procesos para que se tramiten correctamente.

Ayudas económicas extraordinarias a las víctimas y sus familiares

El capítulo I regula ayudas para las personas fallecidas o lesionadas y, en caso de fallecimiento, para determinados familiares y personas vinculadas. Las principales cuantías son las siguientes.

Las cuantías por lesiones se determinan con las 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros. Las ayudas no son reembolsables, están exentas de tributación en el IRPF y son compatibles con otras ayudas públicas y con las indemnizaciones conforme a la normativa sectorial y los seguros aplicables.

Existe además una ayuda adicional, de igual importe que la ordinaria, como anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil. El Estado se subroga en los derechos de crédito de las personas beneficiarias hasta el importe anticipado. Si la indemnización finalmente reconocida es inferior al anticipo, no deben devolver la diferencia, y si es superior, reciben el exceso.

Las solicitudes se presentan en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución que establezca el procedimiento de solicitud y gestión, con posibilidad de ampliación por causas justificadas.

• Atención. Si alguna persona de su entorno laboral es víctima o familiar de una víctima, conviene informarle de que el plazo de solicitud ya está en curso y de que las ayudas son compatibles con otras indemnizaciones.

Limitación de los incrementos de precios en situaciones de emergencia

El artículo 9 modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cambia el artículo 20.1.c) e incorpora un nuevo artículo 20 ter, que limita el incremento del precio final de determinados bienes y servicios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras.

Como regla general, el precio máximo es el mayor al que se hubiera ofertado el bien o servicio, o uno análogo, durante los 30 días anteriores a la situación sobrevenida. Se prevén estas particularidades.

• Si ese precio máximo de referencia supera en más de un 50 % el precio medio del período, se toma este último incrementado en un 50 %.
• Se permiten incrementos justificados por aumentos acreditables de costes o necesarios para introducir nuevos bienes o servicios que contribuyan a paliar la emergencia.
• Para bienes y servicios de marcada estacionalidad puede usarse el precio del mismo período del año anterior, actualizado con el IPC.
• Los consumidores tienen derecho a la devolución automática de las cantidades cobradas por encima del precio máximo.

La limitación se aplica en los supuestos del nuevo artículo 20 ter, incluidos determinados contextos excepcionales que identifique el Consejo de Ministros mediante acuerdo.

La disposición adicional quinta la aplica a los servicios afectados por el accidente de Urda y a las conexiones ferroviarias que sigan suspendidas. Según la disposición transitoria segunda, esa aplicación específica rige hasta el 10 de noviembre de 2026, sin perjuicio de su prórroga mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Las medidas que afecten a la libertad de precios del transporte y estén sujetas al Derecho de la Unión Europea requieren autorización expresa de la Comisión Europea antes de aplicarse.

• Atención. Si su empresa presta servicios de transporte alternativo, alojamiento u otros bienes o servicios afectados por una emergencia, conviene revisar sus tarifas con el precio máximo que resulte de aplicar la norma. Las devoluciones automáticas pueden tener un coste relevante.

Extensión a las víctimas de Adamuz y Gelida

La norma incorpora disposiciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, de enero de 2026. La disposición transitoria tercera permite que causen determinadas prestaciones de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia las personas trabajadoras que, en la fecha del hecho causante, estuvieran en situación asimilada a la de alta, además de las que estuvieran en alta.

La disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, para reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y la Administración en la tramitación de los anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

Actuaciones recomendadas

Para las empresas.

• Informar a mandos y departamentos de personal de que las ausencias y retrasos causados por las alteraciones ferroviarias no son sancionables.
• Solicitar y conservar los justificantes que facilite la compañía ferroviaria.
• Revisar que no se practiquen descuentos ni se apliquen consecuencias negativas por esos motivos.
• Identificar a las personas de la plantilla en baja o con familiares afectados, y coordinar con ellas la tramitación.
• Gestionar los procesos de incapacidad temporal derivados del accidente con el código que se determine.
• Si prestan servicios o venden bienes afectados por situaciones de emergencia, revisar sus precios con el régimen del nuevo artículo 20 ter.

Para las personas trabajadoras y familiares.

• Pedir a la compañía ferroviaria el justificante de la incidencia y comunicar a la empresa la causa de la ausencia o del retraso.
• Si es víctima o familiar, informarse del procedimiento de solicitud de ayudas y de su plazo.
• Conservar la documentación médica, laboral y de Seguridad Social relacionada con el accidente.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.