Si invierte en una “start-up”, además de obtener una rentabilidad, puede aprovecharse de los beneficios fiscales que ofrece la normativa.
Ha sido noticia en los últimos días la aprobación de la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como «Ley de startups» todavía pendiente del visto bueno del Senado.
Esta Ley reconoce una serie de beneficios a favor de las empresas emergentes, consideración que tendrán si cumplen con los requisitos fijados legalmente.
La mercantil ha de cumplir una determinada antigüedad- ser de nueva creación o de un máximo de cinco años desde su constitución y de siete años en el caso del sector de biotecnología, energía, industrial u otros según avance el estado de la tecnología-, ser independiente, tener sede social o establecimiento permanente en España, así como un porcentaje mayoritario de la plantilla con contrato en España, gozar de un carácter innovador, no ser cotizada ni haber distribuido dividendos y no alcanzar un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros.
Aun cumpliendo con los requisitos enunciados no se podrán acoger a la Ley las empresas fundadas o dirigidas por una persona que no esté al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, haya sido condenada por sentencia firme por determinados delitos económicos o se trate de una empresa que haya perdido la posibilidad de contratar con la Administración. La declaración de «empresa emergente» la otorga ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) mediante un trámite en el cual la ley introduce un silencio positivo en caso de que la Administración no resuelva.
Los beneficios otorgados son múltiples, en primer lugar, a nivel fiscal, suavizando la tributación del impuesto de sociedades rebajándolo del 25 al 15% durante los primeros 4 años y extendiendo el aplazamiento del pago de las deudas tributarias durante los 2 primeros años de actividad. También se eleva el importe de la exención de tributación de las «stock options», es decir, el pago a los empleados mediante participaciones en la empresa.
Por otra parte, se implementan medidas orientadas a facilitar el emprendimiento y la inversión de personas extranjeras, reduciendo la burocracia, informatizando procedimientos e incluso permitiendo adecuaciones de la política retributiva.
Fomenta los «regulatory sandbox» espacios donde se exceptúa la normativa general, bajo la supervisión de un organismo o entidad reguladora, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad, se contempla la posibilidad de que las startups hagan pruebas durante un año, en un entorno controlado por el regulador correspondiente. Se favorece la colaboración público-privada.
La ley se puede considerar un buen punto de partida para el impulso de las startups en España, sin embargo, hay elementos, como el exigente concepto legal del empresa emergente, que tendrían que flexibilizarse para realmente hacer de la inversión en startups un campo atractivo y para realmente hacer del presente un buen momento para este tipo de emprendimiento.
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Madrid, a 1 de diciembre de 2022
Afianza CSF,
