El Derecho de la Unión Europea establece una serie de derechos individuales que se pueden invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto a nivel horizontal (entre personas) como vertical (entre las personas y el Estado).
Es ciudadano de la Unión Europea toda persona que tiene la nacionalidad de un Estado miembro de la UE. Esa condición le garantiza una serie de derechos, muy útiles en el día a día, y le ofrece diversos canales para que su voz se oiga en Europa. La legislación europea defiende desde principios tan fundamentales como el derecho al voto o a la libertad, hasta cuestiones más prácticas como la indemnización por el retraso de un avión o el pago de tarifas justas en el sector de la telefonía móvil. Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE recogen la lista completa de los derechos de los ciudadanos europeos.
Y esta derivación es posible a través de dos principios jurídicos básicos del derecho europeo: el principio de PRIMACÍA y el principio de EFECTO DIRECTO, sobre los que tratan estas líneas.
¿Por qué es tan importante el derecho europeo para los particulares?
Aunque el proyecto europeo es fundamentalmente una unión de estados y pueda aparecer como algo muy ajeno a nosotros, ello no quiere decir que no tenga repercusiones legales para los particulares.
Así, en principio, los ciudadanos españoles, -como los del resto de países miembros de la UE-, estamos sometidos y tenemos que cumplir con el derecho de nuestro propio país (lógico, ¿no?); pero, ojito, que este «en principio» significa que, desde la integración de España en lo que antes era la CEE (Comunidad Económica Europea) y ahora UE (Unión Europea), ciertas normas que dictan los órganos de la UE también nos pueden afectar directamente como ciudadanos, para bien o para mal.
¿Y ello por qué? Porque la firma de la integración en la entonces CEE (ahora UE), llevaba aparejada una serie de consecuencias desde el punto de vista legal, que aún hoy se mantienen y se seguirán manteniendo mientras continuemos formando parte. No son unas consecuencias específicas para España, sino que son las mismas para todos los estados integrados en la UE:
- CESIÓN DE SOBERANÍA: El estado que se integra cede competencias a favor de la organización europea; es decir, el estado admite que, en diversas materias, es la UE la que dicta las normas y que su papel (el del Estado) queda limitado a aplicarlas, bien directamente o bien incorporándolas al derecho propio dictando leyes que recojan lo que dice la norma europea. Entre esas materias se incluyen algunas tan importantes como tributos, consumo, contratos públicos, salud pública, etc.
- PRIMACÍA DEL DERECHO EUROPEO Y EFECTO DIRECTO: El derecho de la UE tiene preferencia sobre el derecho de cada estado, en caso de conflicto. Es decir, que si la norma europea dice «A» pero la norma del país dice «B», será de aplicación preferente lo que diga la normativa europea, de forma que los particulares (ciudadanos y empresas) pueden alegar e invocar directamente en su favor la norma europea, tanto ante los tribunales de su país como ante los tribunales de la UE.
Este «efecto directo» del derecho europeo tiene dos aspectos que vale la pena destacar:
- Un efecto directo VERTICAL que funciona en las relaciones entre los particulares y las diversas administraciones públicas (p.ej., cuando una empresa licita para conseguir un contrato público o cuando una norma europea fija unos estándares medioambientales mínimos).
- Un efecto directo HORIZONTAL que interviene en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular puede hacer valer directamente una norma europea frente a otro particular (en este sentido, es muy relevante la normativa europea de protección de los consumidores frente a las empresas).
A modo de resumen se podría decir que, aunque en este mundo globalizado y cada vez más polarizado entre grandes actores internacionales el papel exterior de la UE pueda ser discutible o criticable, lo cierto es que desde un punto de vista interno resulta innegable que ha tenido (y sigue teniendo) la virtud de haber armonizado los derechos y obligaciones de millones de ciudadanos con culturas sociales y políticas muy diversas, elevando el nivel de protección jurídica de muchos de ellos. Y este es un mérito que en multitud de ocasiones pasa desapercibido
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