Como ya habrá tenido noticias de prensa y TV, el Gobierno y las asociaciones de autónomos negocian una norma que afectará a la forma de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha planteado un sistema similar al de la cotización por ingresos reales para instaurar la tarifa plana entre el colectivo de trabajadores. El planteamiento principal consiste en que el autónomo que no alcance el umbral de 12.600 euros netos anuales perciba ayudas sin que varíe ni el porcentaje ni el tiempo. Por su parte, los que sí superen dicha cantidad tendrían que ajustar sus cotizaciones sociales al final del ejercicio fiscal, estableciendo un único tramo de regularización que estaría entre el SMI y 20.000 euros de rendimientos netos anuales.
El modelo de cotización por ingresos reales supondrá que más de 400.000 autónomos que se encuentran en una trágica situación económica, puedan sentirse aliviados.
Desde la UPTA se ha enviado al Ministerio de Inclusión, un completo documento en el cual se especifica perfectamente cómo afectaría el nuevo sistema de cotización a las personas trabajadoras autónomas.
El Gobierno entiende que es posible paliar estos problemas, transitando hacia una cotización basada en los ingresos reales, a través de un modelo fijo y permanente en el tiempo, tratando por otro lado de no producir distorsiones significativas, ni para los autónomos ni para la gestión administrativa de la cotización. También ha filtrado que el proceso será gradual y acompasado.
Por su parte, las asociaciones de autónomos alegan que la Hacienda Pública solo dispone de los rendimientos netos de muchos trabajadores 18 meses después del cierre de cada ejercicio fiscal, de modo que la cotización se establecería sobre unos rendimientos que no se corresponderían con la actividad del año en que se cotiza. Es una de las numerosas dificultades técnicas que pueden surgir. Asimismo, anuncian que no apoyarán un sistema de cotización que eleve las cuotas.
Recordemos, en este sentido, que la reforma operada en este ámbito en 2019 trajo consigo un incremento de la base de cotización del 1,25% y el aumento en 5 euros de la cuota mensual. Estas decisiones provocaron efectos en las coberturas, como la extensión de 12 a 24 meses del denominado «paro de autónomos», la inclusión del colectivo en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo o el acceso a una tarifa plana tras una baja de maternidad, entre otros.
La intención del Ejecutivo es fijar mayores cotizaciones y cuotas a cambio de una mayor protección social, partiendo de la cotización por bases. La Seguridad Social implantará un sistema de cotización creciente, es decir, por tramos. Según el borrador objeto de negociación, se trataría de siete tramos, que operarán de forma similar a los del IRPF:
- Quienes declaren menos de 12.000 euros cotizarían por la base mínima, incluso con alguna rebaja, como posibles descuentos del 50% en la cotización.
- Los que declaren entre 24.000 y 25.000 euros, se quedarían más o menos igual. Los autónomos que cobrasen más sí tendrían que pagar más a la Seguridad Social.
- A partir de los 25.000 euros, las tributaciones a la Seguridad Social irían creciendo hasta un máximo de 45.000 euros.
En esta propuesta se contempla, incluso, la posibilidad de fijar tipos negativos: es decir, si alguien ingresa menos de lo cotiza, tenga derecho de devolución.
El mayor impacto de este nuevo sistema afectará a los autónomos que cobren más de 25.000 euros, como los autónomos societarios o los miembros de Consejos de administración, lo que redundaría en las arcas del Estado.
¿Cómo afectaría esto a la tarifa plana? El cambio podría suponer una modificación de este sistema: seguir vigente durante los seis primeros meses o el primer año, y a partir de esa fecha cotizar por ingresos reales.
Para el sistema de la Seguridad Social, las nuevas medidas supondrían un 20% más de ingresos por parte de los autónomos, lo que conduciría a una mejora de las prestaciones por cese de actividad y de las pensiones de jubilación satisfechas por la Seguridad Social: los cambios en la cuota irían aparejados de una mejora de las coberturas sociales para el colectivo.
En cualquier caso, asociaciones de trabajadores de autónomos como UPTA han mostrado su interés en esta reforma; por el contrario, ATA discrepa de mucha de estas medidas y ha reclamado la necesidad de definir situaciones concretas en función de las características subjetivas del obligado (por ejemplo, un transportista cotizaría en base a un importe inflado por el coste, como puede ser el del carburante) o de periodos de referencia realistas, dada la excepcionalidad del año en curso por motivo de la crisis sanitaria. Para esta asociación, el nuevo sistema por tramos vinculado a los ingresos netos del autónomo debería ser voluntario.
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Madrid, a 26 de noviembre de 2020
CSF Consulting Abogados y Economistas,
